Latinoamericanos no se salvan de la corrupción pese al COVID-19

Y es que muchos de esos servidores se aprovecharon, de acuerdo con los expertos, de las declaraciones de estado de emergencia

Entérate24.com- La región latinoamericana se caracteriza por ser una de los continentes que sufre del flagelo de la corrupción a nivel mundial, incluso los delitos de los funcionarios públicos no se aplacaron con la pandemia del COVID-19 en los países de habla hispana.     

Y es que muchos de esos servidores se aprovecharon, de acuerdo con los expertos, de las declaraciones de estado de emergencia, que, si bien son necesarios para controlar el contagio del virus, con él también suspendieron algunas regulaciones que rigen los contratos públicos, así como, detuvieron las sesiones presenciales del Congreso o eliminaron las reglas que les exigían responder a las solicitudes de información de los medios.

“Tienen las condiciones ideales para hacer lo que se te dé la gana. Hay menos transparencia, menos acceso a la información, y cero supervisiones independientes del Congreso”, indicó Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Internacional México, un grupo anticorrupción sin fines de lucro.

Muestra de ello es la nación azteca, ya que el Hospital Federal de ese país devolvió ventiladores defectuosos que habían ordenado al hijo del jefe de la comisión federal de electricidad, después de que un grupo de vigilancia local reveló que el gobierno había acordado pagar un 85 más que la opción más barata del mercado.

Una situación similar sucedió con el ex ministro de Salud boliviano, quien está bajo arresto domiciliario, en espera de un juicio, por cargos de corrupción después de que el ministerio pagó a un intermediario millones más que la tarifa vigente por 170 ventiladores, que ni siquiera funcionaban correctamente.

Luego está Brasil, segundo país más afectado por el virus –después de Estados Unidos— al tener mayor cantidad de muertos, en esa nación los funcionarios gubernamentales de al menos siete estados están bajo investigación por supuesta malversación de más de 200 millones de dólares en fondos públicos durante la crisis.

Colombia tampoco se salvó de estos actos, y es que el procurador general investiga informes de más de 100 donantes de campañas políticas, que recibieron contratos lucrativos para proporcionar suministros de emergencia durante la pandemia.

A ellos se le sumó, Perú, donde el jefe de policía y el ministro de Interior renunciaron después de que sus subordinados compraron desinfectante diluido y tapabocas endebles para los agentes de policía.

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Debido a ello, los funcionarios policiales comenzaron a morir a tasas alarmantes de infecciones por el virus.

“Los fiscales están investigando los vínculos entre los oficiales de policía y los proveedores del equipo para determinar si se confabularon para defraudar al gobierno”, indicó Omar Tello, jefe de la unidad anticorrupción en la fiscalía.

Cifras del Gobierno señalan que más de 11.000 policías en Perú se infectaron y 200 murieron a causa del virus, lo que obligó al país a cerrar algunas comisarías, al menos temporalmente, para contener brotes.

Esta desviación de recursos sucedió en diversos países, lo que hizo que los esfuerzos de algunas por contener el virus se vieran sofocados por la desviación de recursos, es decir, por la corrupción, generando así miles de infecciones y muertos, hasta el punto que América Latina se convirtió en el epicentro de la pandemia.

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