Familiares de las víctimas de violaciones a los DDHH en Venezuela reclaman más acciones a Bachelet

“¿Explícale a la comunidad internacional por qué llevan a las víctimas torturadas y agonizando al Hospital Militar Dr. Vicente Salias y luego lo presentan con el Juez Amezquita Pion?”, cuestionó Pérez

Entérate24.com.- La actualización del informe sobre las violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela, del que está a cargo la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidos, Michelle Bachelet, no fue bien recibida por parte de los familiares de las víctimas.

Tal es el caso de Waleswka Pérez, la esposa del capitán Acosta Arévalo quien fue asesinado el 28 de febrero de 2019, al llevar “ocho días sufriendo las más aberrantes torturas”.

“¿Explícale a la comunidad internacional Michelle Bachelet por qué llevan a las víctimas torturadas y agonizando al Hospital Militar Dr. Vicente Salias y luego lo presentan con el Juez Amezquita Pion? ¿Dónde está el juez? Es uno de los cómplices de la cadena de mando y recibe a las víctimas con signos de torturas. Exijo justicia y respeto”, expresó Pérez.

Le indicó a Bachelet, “algo está pasando contigo, eso no es justicia; fueron ocho días de torturas. La finca Sorocaima está diseñada por el régimen para ejecutar a las víctimas como a Acosta Arévalo que estaba ‘a buen resguardo’”, parafrasó en alusión a lo que dijo Diosdado Cabello cuando informó que al capitán de corbeta lo tenían a buen resguardo.

“¿De dónde sacaron los dos sargentos la finca y logística?”, insisitió Pérez.

Por su parte, PROVEA, una organización de larga trayectoria en defensa de los derechos humanos, destacó lo que reflejó el informe de la Misión de Determinación de los Hechos ONU, en el caso de Acosta Arévalo: “Tenía 38 heridas. El tabique nasal roto, abrasiones en el hombro, codos y rodillas, moretones en el muslo, glúteos y espalda. El cuerpo mostraba fractura en pie y signos de quemaduras”.

“Los funcionarios de la DGCIM llevaron al Capitán Acosta Arévalo a la audiencia en silla de ruedas. El capitán no podía hablar, no podía moverse, y estaba sangrando. El abogado le preguntó si había sido torturado y él asintió con la cabeza”, enfatizó la organización.

Por su parte María Gabriela de Mejías, esposa del coronel Johnny Mejías Laya, denunció que no le entregaron unas pastillas que le envió a su pareja, detenido en la Dgcim, porque presuntamente estaba “orinando sangre”.

“A más de 8 días a mi esposo, el coronel Johnny Mejías Laya, no le entregan unas pastillas que se le enviaron, porque está orinando sangre”, a la vez que agrega con ironía que “la señora Bachelet insta a su equipo de trabajo a continuar con sus labores y ‘beneficios’ a los presos políticos militares”, señaló.

Por otra parte, Yocelyn Carrizales, esposa del teniente coronel Igber Marín Chaparro se pregunta, el 2 de febrero de 2021: “¿Que alguien me explique cómo es que el Tribunal Primero de Juicio dicta sentencia el 16 de diciembre de 2020, sin pruebas a siete años y medio, ordena el traslado inmediato del Comandante Marín Chaparro para la cárcel militar de Ramo Verde y casi 2 meses después la DHCIM lo mantiene secuestrado? ¿Y usted Bachelet dice que aquí se está haciendo justicia?”

Ante el informe de la Alta Comisionada de la ONU, mencionó que incluso desde el 9 de marzo de 2018 el Tribunal Tercero de Control ordenó el traslado de su esposo. “Casi tres años después, enfermo y desgastado, lo llevan a juicio, lo condenan y dicho Tribunal vuelve a ordenar su traslado. ¿Dónde está el respeto a la orden del Juez y derechos humanos?”.

Mientras que Molly De La Sotta, hermana del capitán de navío Luis Humberto,  destacó, el 17 de enero, que el general Terán Hurtado (director de investigaciones de la DGCIM) es el responsable por el deterioro de la salud de su hermano.

“Le niega atención médica; tiene 11 meses con problemas renales, cinco meses con diarrea crónica por COVID-19 que contrajo en los sótanos de la Dgcim (…) Pero lo llevan a pasear al Hospital, por segunda vez, el 13 de enero, para engañar a la ONU. El 19 de octubre lo trasladan al hospitalito (hospital en Fuerte Tiuna “Vicente Salias Sanoja”), junto con 25 presos políticos, en medio de un show; tres meses después los resultados de los exámenes no aparecen y continua sin tratamiento desde que hace once meses el urólogo lo examinó por problemas renales”, explicó.

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El 22 de febrero, De La Sotta, quien pertenece a la ONG de Familiares de Presos Políticos, denunció que “la Fiscal Nacional 32, Dusay Dueñas, es la encargada de procesar las denuncias por Tortura, Tratos Crueles e inhumanos, falta de Atención medica de Luis De La Sotta”.

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