EEUU solicitará a Europa fin de tráfico de oro en Venezuela

Organizaciones de derechos humanos denuncian abuso de derechos humanos en minas del estado Bolívar

Entérate24.com- Elliot Abrams, representante especial de Estados Unidos para la crisis venezolana, dijo que el Gobierno estadounidense, en sus conversaciones con Europa, incluyendo a España, dará prioridad al tráfico de oro de Venezuela.

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Estados Unidos opinó que el tráfico de oro es una manera de enriquecer a funcionarios y militares del Gobierno de Nicolás Maduro para que continúe en el poder.

Aseguró que muchas de las cargas de oro que salen de Venezuela llegan a Europa, donde son blanqueadas.

«El tráfico es ilegal porque el régimen le concede la explotación de determinadas minas a sus miembros o a los generales y les dice que es suyo, como una forma de comprar su lealtad, y estos se disponen a destruir esas zonas en un intento de extraer el máximo de oro posible en el menos periodo de tiempo», agregó Abrams.

Destacó los problemas ecológicos que resultan de la explotación minera y aseguró que en Venezuela la extracción de oro tiene un efecto negativo en las personas que residen cerca de esos lugares.

«Creo que hay muchas pruebas de que la forma en que se extrae oro en Venezuela, principalmente de manera ilícita, está teniendo un efecto ecológico terrible en las áreas en las que tiene lugar y tiene un efecto terrible sobre las personas que viven en esas áreas, muchas de las cuales pertenecen a grupos indígenas», asegura Abrams.

La organización Human Rights Watch denunció los abusos de derechos humanos en las minas ilegales venezolanas, refiriéndose específicamente al estado Bolívar, puesto que esclavizan a los residentes de esos sectores por no tener recursos.

“Los venezolanos de bajos recursos que se ven en la necesidad de trabajar en las minas de oro debido a la crisis económica y la emergencia humanitaria en el país se han convertido en víctimas de delitos macabros cometidos por grupos armados que controlan minas ilegales en el sur de Venezuela”, denunció José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

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